De materalizarse la propuesta, la elevación efectiva de medio millón a un millón de euros en la base imponible para el IP eximiría de tener que declararlo a algo más de 10.300 valencianos. Según los datos recogidos en el propio informe de los expertos para comparar la incidencia que tendría entre las CCAA, suponen el 44,3% del total de declarantes valencianos.

De hecho, los expertos justifican su propuesta en el hecho de que la mayoría de declarantes en todas las CCAA están por debajo del millón de euros de base imponible que, sin embargo, suponen una cuota a ingresar reducida. «A excepción de Aragón y Extremadura, la pérdida recaudatoria es pequeña y la reducción de costes administrativos y de gestión puede ser elevada. El mayor protagonismo en la cuota a ingresar lo tienen los patrimonios entre uno y tres millones de euros, con el 39,8%», explican los autores del informe encargado por el Ministerio de Hacienda.

La Comunitat Valenciana, a favor de restringir las competencias

La Comunitat Valenciana ha sido una de las nueve que, en el trámite de elaboración de esta propuesta para la reforma fiscal, se mostró a favor de establecer ciertos límites a la potestad normativa de las CCAA en los impuestos cedidos.

Concretamente, a la vista del proceso de competencia fiscal a la baja imperante en el panorama autonómico vigente, «especialmente acentuado en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la Comunitat Valenciana consideró que procedería fijar unos límites mínimos y máximos dentro de los cuales las CCAA pudieran ejercer su poder tributario.

En todo caso, todas las CCAA han subrayado la necesidad de respetar el principio de autonomía, incluso aquellas que reivindican el establecimiento de límites a las potestades normativas, que han de ser compatibles con el ejercicio de su autonomía.

Reducciones por parentesco y mínimo exento

El comité propone la eliminación de las reducciones por parentesco, cuya cuantía «había quedado completamente obsoleta». Sobre el mínimo exento, teniendo en cuenta el impacto de este componente en la recaudación efectiva del impuesto, los expertos abogan por una horquilla entre 120.000 y 250.000 euros para los Grupos I (hijos hasta 21 años) y Grupo II (resto de hijos, cónyuges y ascendientes directos) y entre 20.000 y 50.000 euros para los Grupos III (colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad) y Grupo IV (colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños).

La Generalitat no apoya subir el mínimo en Patrimonio

Tras conocerse el informe, el director general de Tributos de la Conselleria de Hacienda, Rafael Beneyto, recalcó que «la lealtad constitucional» exige que toda reforma tributaria a escala estatal «tenga presente su impacto y las consecuencias» sobre las comunidades autónomas.

En relación al Impuesto de Patrimonio, desde la Generalitat se lamentó la fijación de la cuantía del mínimo exento en 1.000.000 euros «cuando hay muchas comunidades, entre ellas la valenciana, con mínimos exentos por debajo de estas cuantías». Beneyto aseguró que el informe «da la razón» a la Comunitat al justificar el mantenimiento del Impuesto de Patrimonio por su «equidad, capacidad de pago de los contribuyentes que lo abonan e incluso como instrumento de control», así como del Impuesto de Sucesiones y Donaciones «justificado tanto desde el puto de vista de la eficiencia, como desde la equidad intergeneracional y la igualdad de oportunidades».