La presión fiscal sobre las empresas en España supera hasta en casi cuatro puntos a la media de la Unión Europea (UE). Según los datos de PIB y recaudación para 2021, recientemente publicados, la presión fiscal empresarial en 2021 aumenta hasta el 12% del PIB. Y todo ello incluso sin considerar el diferencial que significa la economía sumergida, ya que, si tenemos este factor en cuenta, la presión fiscal empresarial en España sería de un 15% frente al 11,1% de la UE. En 2018, la presión fiscal empresarial en España era del 11,1% del PIB frente al 9,6% de la media de la UE.

Así lo destaca el Libro Blanco para la Reforma Fiscal en España presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Sin embargo, Unidas Podemos propone una nueva subida de impuestos a empresas y grandes fortunas, al margen del grupo de expertos del Ministerio de Hacienda, dirigido por su socia de Gobierno, la ministra María Jesús Montero. Podemos exige subidas en Sociedades para las grandes empresas y espera recaudar 50.000 millones de euros con esta reforma. «Esto supondría una contracción de la actividad económica de ocho puntos del PIB y una caída de 1,3 millones de empleos», apunta Gregorio Izquierdo, director general del IEE.

Por su parte, los especialistas en materia fiscal no ven margen para recaudar más a través de subidas en el Impuesto sobre Sociedades. «En comparación con los países de nuestro entorno, la carga fiscal que soportan nuestras empresas es muy elevada, y tenemos un Impuesto sobre Sociedades homologable a los de la UE, por lo que no es viable una reforma para obtener aumentos relevantes de recaudación tributaria por este concepto», explican los economistas del IEE en el Libro Blanco. En 2018, en España, las empresas aportaron el 31,9% del total de ingresos públicos, mientras que en la UE en promedio las empresas solo aportan el 24,6% del total de recaudación. De igual modo, según demuestran los datos de la Agencia Tributaria en su informe anual de recaudación -y frente a lo que manifiesta Podemos en su propuesta- las grandes empresas aportan un alto porcentaje de la base imponible del impuesto, de hecho, los grupos fiscales consolidados aportan más del 38% de las bases imponibles y cuotas del impuesto.

Además del alza en Sociedades, Unidas Podemos pide incluir más tramos en el IRPF a partir de rentas superiores a los 120.000 euros y rebajar el IVA al tipo superreducido a los productos de higiene femenina, peluquerías y productos veterinarios. En el IRPF, la propuesta del grupo confederal pasa por acercar el gravamen al que se somete al ahorro a la base imponible general y reforzar la progresividad del impuesto, incluyendo nuevos tramos con mayores tipos para rentas superiores a los 120.000 euros.

El IEE sostiene que los tipos marginales máximos aplicables del IRPF en España están ya por encima de los valores medios de la UE, lo que puede introducir distorsiones importantes en la toma de decisiones de los agentes, puesto que enfrentan la amenaza de tipos impositivos muy altos que desincentivan su propensión a aumentar sus ingresos. Además, en datos promedio de la UE, el marginal máximo se aplica para un salario 4,1 veces el salario promedio, mientras que en nuestro país el marginal máximo se aplica a un salario de 2,8 veces del promedio, por lo que el esfuerzo fiscal es en mayo.

Hacia la armonización

Por otro lado, en su nueva propuesta, Podemos pide sustituir el Impuesto sobre el Patrimonio por uno nuevo sobre las grandes fortunas con un mínimo exento de un millón de euros, que no sea bonificable por parte de las comunidades autónomas y esquivar así las bonificaciones que realizan comunidades como Madrid. Podemos propone los siguientes tramos. Un 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% desde los 50 millones y un 3,5% a partir de 100 millones. Busca por esta vía la llamada armonización fiscal entre las comunidades autónomas.

Sin embargo, el Libro Blanco del IEE rechaza una armonización fiscal entre comunidades autónomas al considerarla un «subterfugio para la subida de impuestos» y estima que, de llevarse a cabo en la Comunidad de Madrid tendría un impacto de una caída del 2% del PIB regional y del 0,5% a nivel nacional al que habría que sumar el producido en otras autonomías.

«Para avanzar en el camino del verdadero progreso resulta más razonable no prohibir los modelos tributarios de los territorios que mejor desempeño alcanzan, que generalizar, a la fuerza, las de aquellos que peores resultados obtienen», apunta el IEE.

Fiscalidad medioambiental

Por otra parte, Podemos recomienda, en su Proposición no de Ley, una reorganización del menú de beneficios fiscales para asegurar un carácter progresivo del sistema fiscal y mejorar su evaluación, a partir de un informe anual de ejecución de los mismos, semejante al de ejecución de gasto público.

Finalmente, plantean una mejora de la fiscalidad ambiental para reforzar «el principio de quien contamina paga, haciendo un mayor hincapié en la producción y no en el consumo», con el fin de «evitar que cualquier impuesto ‘verde’ afecte al bolsillo de la gente trabajadora.

En este sentido, los fiscalistas del IEE apuntan que «es urgente que la fiscalidad ambiental sea tratada bajo un prisma único, en el que se conjugue la voluntad de las diferentes Administraciones de forma tal que exista una aproximación conjunta al fenómeno de la fiscalidad ambiental».