Los trabajadores afectados por Erte, pagarán más por el Impuesto sobre la Renta, que si no hubiesen estado en esta situación, según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo de Economistas. Además, los trabajadores en Erte con rentas desde 15.000 a 18.000 euros pagan más que los que percibieron 20.000 en 2020.

Así, un trabajador que permite una renta de 16.000 euros en Cataluña, tendrá una cuota líquida de 1.004,59 euros. Si no está en Erte tendrá una retención de 859,20 euros y no tendrá que declarar. Si el contribuyente está en Erte, acabará pagando 145,39 euros al efectuar su declaración, al tener que declarar por tener un segundo pagador.

Por otra parte, un contribuyente en Erte con rentas de 15.000 euros en Cataluña, pagará 72,22 euros en su declaración, 145.39 euros si percibió 16.000 euros de rentas del trabajo, y 342,18 si percibió 18.000 euros en el ejercicio. Esta cantidad se reduce para las rentas superiores a 20.000 euros, que tan solo pagan 172,70 euros.

No obstante, Cataluña es la única Comunidad Autónoma que ha incluido una rebaja en la cuota autonómica del mínimo personal para evitar el sobre coste de haber estado en Erte.

Cuando el contribuyente obtiene una cuantía total de retribución no superior a 22.000 euros anuales, la cuota de retención, calculada de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, tiene como límite máximo el resultado de aplicar el porcentaje del 43% a la diferencia positiva entre el importe de la cuantía total de retribución y el que corresponda, según su situación, de los mínimos excluidos de retención previstos. Además, se establece que no se practicar retención sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía no supere los 14.000 de importe anual.

Debido a la progresividad que la normativa del IRPF incluye en las rentas más bajas, para tratar de beneficiarlas, se producen saltos muy fuertes entre quienes han percibido rentas de 15.000, 16.000 hasta los 20.000 euros, en los que ya operan los beneficios de las tarifas autonómicas.

FUENTE: El Economista