Tras la noticia de ayer sobre un posible fraude (está siendo investigado en un juzgado de Alicante), donde la Policía Nacional ha evitado el uso de 110 certificados falsos, para ser operador de grúa, expedidos por una academia de Elche, previo pago de 1.100 euros cada uno, acreditaban la formación práctica que exige la Generalitat para poder examinarse y obtener el carné de operador de este vehículo industrial.

Ambas asociaciones muestran su malestar, ante este tipo de situaciones que ensucian el sector formativo y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que todo aquel que tenga sospechas de certificaciones falsas y fraudulentas, se pongan en contacto con ellos a través de sus correo –   info@cecapalicante.com o info@aesec.es – para que puedan realizar la denuncia pertinente.

En declaraciones a Nieves Aznar, Presidenta de CECAP – ALICANTE “el sector de la educación está atravesando un momento complicado y de cambio, debido a la crisis que está generado el coronavirus. Si a todo ello, le sumamos el intrusismo y la competencia desleal que sufren en escuelas, academias y centros de idiomas por parte de empresas y particulares que no cumplen con todos los requisitos legales, ofreciendo precios tan bajos como la calidad de sus servicios la situación se hace insostenible.”

Tanto la Asociación más representativa de la formación en Alicante (CECAP – ALICANTE) como la Asociación de Empresas de Servicios (AESEC) reclaman a las administraciones cooperar en campañas formativas sobre los mínimos exigibles por parte de los ciudadanos al contratar estos servicios y así concienciar sobre el perjuicio que causa aceptar pagar sin factura.

CECAP – ALICANTE y AESEC recomiendan a los ciudadanos que antes de la contratación de estos servicios, comprueben que son centros acreditados para evitar este tipo de fraudes, a través de los enlaces:

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCentros.do

http://www.labora.gva.es/es/consulta-de-centros-colaboradores-de-formacion

Se ofrecen a trabajar conjuntamente con la administración para endurecer las medidas de control y seguimiento sobre los «centros piratas» y particulares que ofrecen servicios fuera de la legalidad.